“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí” rezaba el microrrelato escrito por Augusto Monterroso, seguramente despertaremos de esta pandemia de COVID-19, pero los retos estructurales del sector de telecomunicaciones en México continuarán allí.
Esta difícil etapa por la que estamos pasando nos ha mostrado lo importante que son los servicios de telecomunicaciones, cobrando todo el sentido lo plasmado en el artículo 6to Constitucional, al establecer que son servicios públicos de interés general, y mandata al Estado garantizar que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.
En ese orden de ideas, la competencia en el sector de telecomunicaciones debe ser garantizada por el Estado, lo que representa un gran reto estructural en el sector de telecomunicaciones, pues aún queda un camino largo por recorrer para lograr una competencia dinámica en el sector. El crecimiento económico del país en el marco de economía digital, depende mucho de la competencia y la inversión en conectividad.
En palabras simples, la competencia es el esfuerzo que realizan dos o más personas, comercios o empresas para incrementar su participación en el mercado, ofreciendo más opciones de productos y servicios de mayor calidad a mejores precios. Se preguntarán ¿Por qué es importante la competencia para una economía? Pues bien, la existencia de competencia como principio rector de la economía de mercado representa un elemento central para el desarrollo económico de los individuos, pues permite el ejercicio de las libertades individuales básicas, es decir el usuario puede elegir con libertad al tener más de una opción.
Cuando existe un ambiente de competencia, el éxito de cada empresa es determinado por su capacidad para conquistar las preferencias del consumidor. Así, la competencia en los mercados facilita y estimula una mayor oferta y diversidad de productos y servicios, a menores precios y con mayor calidad. De esta forma, la competencia incrementa el poder adquisitivo y el bienestar de los consumidores.
Un punto crítico para el desarrollo de una sana competencia en el sector de telecomunicaciones, es la adopción de un marco de política pública que establezca, aliente y regule las condiciones del mercado en beneficio de los usuarios, asegurando mayores opciones, productos asequibles, nuevos servicios, calidad y precios bajos.
Durante mucho tiempo, el marco legal y regulatorio en el sector de telecomunicaciones fue deficiente inhibiendo la entrada y expansión de competidores existentes, se frenó la inversión, restringiendo la cobertura y penetración de los servicios. Esta problemática afectó a los usuarios de servicios de telecomunicaciones en acceso, precio y calidad de los mismos, provocando impactos negativos en la economía mexicana.
La Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Competencia Económica de 2013, contribuyó a la modernización del marco legal y regulatorio, así como al desarrollo del sector de telecomunicaciones. En esta Reforma Constitucional se doto de grandes facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones, se le nombró como la autoridad exclusiva en materia de competencia económica del sector de telecomunicaciones. Asimismo, se estableció que debía regular de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia. Así como, imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica. Por último, se estableció que debía ordenar la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites.[1]
Tomemos una pausa, pues hablar de competencia económica resulta un tanto inquietante, pues si bien el tiempo que ha transcurrido desde la aprobación de la Reforma no es suficiente para reconfigurar sustancialmente la estructura del sector, no cabe la menor duda de que existen resultados positivos tales como:
- Mayor oferta de servicios
- Caídas importantes en los precios de los servicios
- Mejores tecnologías
- Una mejora en las condiciones de competencia
- Mayor calidad en los servicios
Sin embargo, lograr condiciones de competencia que soporten mercados saludables es una tarea difícil que requiere de un compromiso del Estado a largo plazo, es indispensable que México consolide la reforma en telecomunicaciones, que se garantice la competencia en un entorno de plena certidumbre jurídica, pues sabemos que un entorno competitivo es importante para atraer inversiones y ello se traduce en beneficios para los usuarios finales.
Considero que es urgente adoptar una visión holística de política pública orientada a incentivar la inversión para expandir las redes de telecomunicaciones y con ello impulsar abiertamente la competencia, el crecimiento económico y el desarrollo social de nuestro país.
En este entorno post-reforma se requiere de políticas públicas transversales que incentiven los diferentes sectores en donde las TIC son el medio y el desarrollo de México es el fin, que comulguen con una estrategia nacional a largo plazo. Es decir, estructurar una política fiscal digital que elimine las cargas innecesarias al sector de telecomunicaciones, que inhiben la inversión y la participación de otros agentes económicos en el mercado.
Por ejemplo, el impuesto especial sobre productos y servicios (IEPS) es un contrasentido el gravar servicios públicos de interés general como las telecomunicaciones, que en estos tiempos de distanciamiento social son una herramienta indispensable para tener acceso al mundo exterior y a nuestros seres queridos. Es necesario lograr que los servicios sean asequibles y replantear si es un tema de recaudación o brindar mayores beneficios económicos y sociales a los usuarios. Eliminar el pago de impuestos especiales en los servicios de telecomunicaciones puede llegar a contribuir a cerrar la brecha digital y brindar un servicio universal.
Para promover la inversión, es necesario revisar todas las barreras que inhiben la competencia, así como romper los paradigmas fiscales, es primordial reducir los altos costos por el uso del espectro, actualmente se divide en una contraprestación inicial, el famoso “guante” y onerosos pagos anuales, todo ello en detrimento económico de la población, pues finalmente los costos se trasladan a los usuarios finales en el pago de los servicios de telecomunicaciones.
Asimismo, en esta política fiscal digital, se debería fomentar la inversión en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Lo he dicho antes en diferentes foros y plataformas “La infraestructura es la base para la conectividad que exige el futuro”
En conclusión, el estímulo a la inversión ha demostrado el potencial de ampliar la capacidad productiva de la economía, impulsar la creación de empleos y aumentar la demanda. Las telecomunicaciones requieren de inversiones en habilidades digitales, innovación de procesos, cambios institucionales, reformas regulatorias y de políticas públicas. Es necesario contar con un marco jurídico adecuado para promover la inversión, que proporcione certeza, pues no existen atajos para lograr una competencia durable y efectiva, es un proceso largo que requiere de un monitoreo constante con un enfoque basado en evidencia.
Estos tiempos, requieren de un compromiso a largo plazo, de una visión holística del sector de telecomunicaciones, requieren de un Estado que fomente la competencia económica y la inversión en el sector, momentos extraordinarios requieren de acciones extraordinarias, es tiempo de replantear la política pública fiscal en beneficio económico y social de los usuarios finales. Sé que despertaremos y el dinosaurio todavía estará allí.
Elizabeth
Peña Jáuregui.
[1] Artículo 28. (2020) Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.pdf
